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BEBES MUEREN POR DEUDA DE LUZ DEL HOSPITAL
Denuncias, muertes y más muertes
Colombia
EFE/AFP
La organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear anunció ayer que denunciará al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 130 asesinatos y desapariciones que forman parte de la llamada matanza de Trujillo. El país fue condenado por el tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), a mediados de esta década, por 34 de los asesinatos ocurridos en el municipio de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, entre 1986 y 1990. Tras las denuncias habidas desde entonces, el número de víctimas de lo que la ONG considera "una sola operación de exterminio" suman hoy 308, entre muertos y desaparecidos, reveló hoy Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear en entrevista con el informativo de televisión "Uninoticias". La organización pretende que la CIDH se pronuncie nuevamente y responsabilice al Estado por los 130 nuevos casos documentados, indicó Carreño. En un hecho sin precedentes, en enero de 1995, el entonces presidente colombiano Ernesto Samper, asumió públicamente la responsabilidad del Estado en la muerte y desaparición a manos de paramilitares, con la participación u omisión de agentes estatales, de los crímenes y la desaparición de 107 habitantes de Trujillo. Samper se comprometió a indemnizar a las familias de las víctimas y destituyó a uno de los oficiales acusados, que había sido absuelto por la justicia penal militar de responsabilidad. La cifra de casos que habían sido denunciados y comprobados hasta entonces era de 107, pero un año y medio después, en julio de 1996 la Defensoría del Pueblo informó de que la suma ascendía a 247. La autoría de los crímenes fue atribuida a narcotraficantes, paramilitares, militares y policías. La matanza de Trujillo, además de por el elevado número de víctimas, se recuerda por la crueldad de los asesinos pues no sólo torturaron a sus víctimas con todo tipo de métodos, sino que las descuartizaron con sierras eléctricas y arrojaron sus cuerpos al río Cauca. Seis guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y un policía murieron el sábado en combates registrados en el sur del país, informaron las autoridades. Según un vocero del Ejército, los alzados en armas y el uniformado murieron en enfrentamientos en zona rural del municipio de Suárez, departamento de Cauca (suroeste), cuando los miembros de las FARC pretendían emboscar a una patrulla militar. De acuerdo con la información, tres civiles resultaron heridos durante las acciones. Las FARC, la guerrilla más importante del país, con unos 12.000 combatientes, lleva a cabo desde enero de 1999 un proceso de paz con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, en una zona desmilitarizada del sur del país, y sin que exista de por medio un acuerdo de cese al fuego. En lo insólito, dos bebés, de pocas horas de vida, murieron en sus incubadoras en un hospital de la ciudad colombiana de Cartagena, al norte del país, ya que la empresa de suministro de electricidad cortó el servicio por falta de pago, informaron fuentes oficiales. El suceso, que causó una fuerte repulsa en la sociedad, se registró en el hospital de maternidad "Rafael Calvo". Según fuentes de radio "Caracol", las incubadoras "se quedaron sin energía por el corte de fluido que ordenó sin contemplación Electrocosta", por lo que se produjo el fatal desenlace. El hospital adeuda 42 millones de pesos (unos 21.000 dólares) a la compañía suministradora de energía.
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En lo insólito, dos bebés, de pocas horas de vida, murieron en sus incubadoras en un hospital de la ciudad colombiana de Cartagena, al norte del país, ya que la empresa de suministro de electricidad cortó el servicio por falta de pago, informaron fuentes oficiales. Según fuentes de radio "Caracol", las incubadoras "se quedaron sin energía por el corte de fluido que ordenó sin contemplación Electrocosta", por lo que se produjo el fatal desenlace.
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