|
El fraude, la violencia política y la suspensión de las votaciones en varias localidades dominaron la jornada electoral de ayer en Filipinas, cuyos resultados oficiales no se conocerán antes del próximo mes de junio.
El 85 por ciento de los más de 34 millones de filipinos convocados acudieron a las urnas para elegir a 262 diputados, 13 de los 24 senadores que componen la Cámara Alta y más de 17.000 cargos locales, confirmó el presidente de la Comisión Electoral (Comelec), Alfredo Benipayo.
Estos comicios, considerados clave porque mostrarán si el pueblo filipino considera legítimo su Gobierno, llegado al poder en enero en medio de una revuelta apoyada por la Iglesia Católica y las clases acomodadas, se han convertido en los más violentos de la historia democrática de Filipinas.
Según fuentes oficiales, 79 personas han muerto durante la campaña y hasta las 15.00 hora local (07.00 GMT) de ayer, momento en el que se cerraron los colegios electorales y comenzó un lento recuento manual.
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo aseguró tras depositar su voto que se encontraba realmente alarmada por el número de víctimas y se comprometió a "hacer justicia".
A la violencia se unió la compra de los votos y las incómodas circunstancias en que los filipinos acudieron a las urnas.
Los votantes que depositan su papeleta sin ninguna intimidad, ya que sólo se protegen de un cartón y son vigilados por quienes se encuentran en la sala, escriben con su puño y letra el nombre de sus candidatos favoritos al Senado y a la administración local.
El recuento es largo y tedioso, ya que se cuentan una a una las papeletas tras descifrar los nombres escritos, teniendo en cuenta la dificultad de muchos filipinos para escribir correctamente.
En el caso de los votos al Parlamento se realizan mediante una lista de partido ya elaborada.
Pese a todo, la participación electoral fue muy alta y las votaciones se desarrollaron con "absoluta normalidad", insistió Benipayo.
La afluencia electoral en Filipinas suele ser elevada, teniendo en cuenta los sobornos que realizan a menudo los candidatos. Aunque pocos lo reconocen públicamente, un voto cuesta en torno a los 300 pesos (seis dólares) si se trata de un barrio pobre y está en juego un cargo local.
Por otro lado, la falta de organización originó la anulación de las elecciones en varias localidades de Mindanao, al sur del país, donde miles de votantes no pudieron ejercer su derecho por falta de urnas o papeletas.
Además, los errores en el censo electoral llevaron a que un elevado número de filipinos no pudiera votar porque su nombre no aparecía en las listas, según reconoció el presidente de Comelec.
En la localidad de Matanog, también en Mindanao, se suspendieron los comicios después de que un grupo de separatistas musulmanes arrojara varias granadas contra el edificio del Ayuntamiento.
El Movimiento Ciudadano para unas Elecciones Libres mostró hoy su confianza, a través de la televisión local, en que este problema no impida a Comelec llevar a cabo correctamente su trabajo.
En este ambiente de caos y violencia, las principales formaciones políticas, la gubernamental Coalición del Poder Popular y el opositor Partido de la Fuerza de las Masas, liderado por el ex presidente encarcelado, Joseph Estrada, se han culpado mutuamente de cometer "fraude electoral".
Estrada, a través de un mensaje grabado desde su celda, denunció este fin de semana a la presidenta Macapagal Arroyo por haber puesto en marcha un plan fraudulento para conseguir votos.
El Gobierno, además de desmentir estas acusaciones, culpó a sus contrincantes políticos de hacer lo mismo.
Los filipinos tendrán que esperar varias semanas antes de conocer los resultados definitivos sin que observadores internacionales hayan acreditado si las elecciones fueron limpias. |
