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Hace ya más de tres años cuando supimos el rigor del cambio de la privatización del servicio público de electricidad, por el actual, dominado por empresas privadas. Jamás se nos repuso el costo del daño a un refrigerador, por parte de la empresa Elektra Noreste, cuando una fluctuación de energía dañó el sistema interno del aparato. No más, sólo tuvimos que reparar el dichoso electrodoméstico por nuestra cuenta, pero eso sí, nos dio la primera señal de que el asunto de la privatización eléctrica promovida por Pérez Balladares no generó las expectativas beneficiosas que supuestamente se nos había promovido.
No sabemos qué hace el Ente Regulador de los Servicios Públicos, ni mucho menos la CLICAC, que en vez de defender a los consumidores y usuarios de la energía eléctrica, le dan vuelta al tema, dilatando cualquier demanda posible contra las empresas de electricidad.
Recién, se supo que el primero de julio se registrará un alza del precio de la electricidad, debido supuestamente "a que los precios del petróleo están por los cielos y que la compra de búnker (o el combustible para las generadores produzcan luz) fue a principios de año". En peor momento llega esta amenaza flagrante de las empresas eléctricas y para colmos de males, es el mismo Ente Regulador, cual mero vocero de dichas entidades privatizadas, anuncia el aumento energético.
Todo el mundo sabe que la guerra en Irak ya pasó y que el precio del petróleo bajó considerablemente. Ya no hay conflicto directo en Medio Oriente y el costo del búnker debe reflejar otra realidad. El pueblo panameño sabe esto y no se cree los cuentos de las petroleras y las empresas eléctricas.
Hace poco, el legislador del PRD, Elías Castillo, dijo que es posible que se proponga pronto un proyecto de ley que "renacionalice" las empresas eléctricas, a saber las entidades de generación, distribución y transmisión de energía, para evitar que pseudos monopolios e intereses oscuros sigan abusando a costa del pueblo panameño, ante el aumento del costo de la energía eléctrica.
Pero la realidad es que un legislador, o un político, no debe tomar la iniciativa de lanzar una campaña para renacionalizar las empresas eléctricas. Debe ser el mismo pueblo panameño el que tome la batuta, para presionar a las autoridades nacionales y lograr el cometido.
Por lo menos, ya hay procesos de acciones contra las empresas distribuidoras, como Unión Fenosa y Elektra Noreste, las cuales envía la energía eléctrica procedente de las generadoras, debido a que muchos clientes desconfían del Ente Regulador y prefieren acudir a las instancias judiciales para demandar al pseudo monopolio de electricidad.
Un grupo de abogados panameños comenzó el proceso para presentar una demanda de clase ante el Órgano Judicial, con el propósito de abrir una causa contra las empresas eléctricas, por los terribles daños a los clientes y usuarios de este servicio público. Dicho proceso judicial está en camino y parece tomar fuerza, al tiempo que se presentan situaciones como el inoportuno anuncio del aumento de la energía en Panamá.
Empero, creemos que es hora que todos los panameños deben lanzar una campaña conjunta para exigir al Estado que cambie las reglas del juego que regulan el servicio de energía eléctrica en el Istmo.
También es evidente de que habrá problemas con el asunto de quién es responsable por el aumento de la energía. El consumidor acusa a las distribuidoras por el mal servicio y el costo oneroso del producto. Las distribuidoras acusan a las generadoras de imponerles el precio de compra de energía. Las generadoras culpan al mercado petrolero por sugerir el costo del combustible que produce electricidad. Lo único cierto es que todos salimos perdiendo y que debemos finalizar pronto el relajo del aumento desmedido de la electricidad. |
