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Clamor a causa de pobreza y hambre
Buenos aires
REUTERS
El gobierno argentino, que lleva menos de cinco meses en el poder, enfrentaba el viernes su primera huelga general, declarada por un grupo de sindicalistas que rechaza un proyecto de reforma laboral del presidente Fernando de la Rúa. La medida, organizada por un sector disidente de la principal central obrera argentina --la Confederación General del Trabajo (CGT)--, afecta mayoritariamente los servicios de autobuses, hospitales y escuelas públicas de todo el país. También tiene acatamiento entre los empleados judiciales, los recolectores de basura, y parte de los empleados estatales y aeronáuticos. Por el contrario, funcionaban normalmente los comercios, bancos y el resto de la actividad privada, además de los ferrocarriles y los trenes, que registraban atrasos de pocos minutos. "Es muy difícil explicar los motivos del paro...contra este gobierno que recién asume, contra el pueblo que recién ha votado y ha elegido su camino", dijo De la Rúa, de la centro izquierdista Alianza. Sin embargo, los sindicalistas aclararon que uno de los motivos para la huelga es el reclamo de que el Congreso no sancione un proyecto de reforma laboral que busca flexibilizar el mercado de trabajo argentino, ayudando a reducir los costos de contratación y estimulando el empleo. La iniciativa promueve la descentralización de las negociaciones salariales, lo que, según los gremialistas, significará una caída en el salario de los trabajadores. La nueva ley también representa una merma en el poder de los sindicatos, que hasta ahora monopolizaban los acuerdos salariales. "Este paro no fue por la ley (de reforma laboral) exclusivamente. Fue por la política económica de hambre y miseria. Esta es la lectura que debemos darle al paro de hoy", explicó a periodistas Hugo Moyano, titular del gremio de los camioneros y máximo dirigente de los huelguistas. Aunque no se han registrado incidentes graves, medios de prensa informaron sobre algunos cortes de rutas, ataques a autobuses y desocupados protestando frente a supermercados para exigir comida gratis. Detrás de la huelga se esconde también la crítica situación social por la que atraviesa Argentina, que tiene dos millones de desocupados, uno de cada tres de sus habitantes en zonas urbanas vive en la pobreza y un 11,8 por ciento de su población no llega a cubrir sus necesidades alimenticias diarias. Para algunos analistas, la irrupción de un gremialismo combativo en la arena política nacional puede marcar el surgimiento de un nuevo espacio de poder que puede complicar al gobierno de De la Rúa. "Puede ser que surja un espacio político nuevo generado por Moyano al cual hay que prestarle atención. Esta huelga es la expresión de la crisis de este modelo (económico)", dijo a Reuters el analista político Ricardo Rouvier. "Moyano puede convertirse en un abanderado de los pobres. La gente quiere soluciones sociales y, si el gobierno no se las da en el corto plazo, vamos a tener un panorama político complicado", agregó. Desde que asumió el 10 de diciembre, De la Rúa profundizó la política económica neoliberal de su antecesor, el peronista Carlos Menem, llevando adelante un plan de ajuste que obligó al Estado a reducir su gasto social. Por el contrario, el analista Hugo Haime dijo que no ve que "esto (la huelga) sea una amenaza". Para el experto, la desconfianza que expresan los argentinos en las encuestas respecto del sindicalismo local impide el surgimiento de un gremialismo con amplio apoyo social. La CGT disidente surgió a mediados de marzo, cuando los gremios que responden a Moyano decidieron abandonar la central obrera tras negarse a convocar a una huelga general contra la reforma laboral. En conferencia de prensa, la CGT disidente sostuvo que el paro tenía una adhesión del 85 por ciento entre los gremios participantes.
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