En los próximos días el Juez Cuarto encargado José Osorio decidirá si abre causa criminal o no contra 17 personas, acusadas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Dentro del grupo de los acusados figuran colombianos y panameños.
Nathaniel Murgas, representa a la Fiscalía Primera de Drogas, mientras que los defensores son Carlos Herrera Morán, Carlos Carrillo, Ricardo Bilonick, Edward Lombardo, Vladimir Barrancos, Vianka Moreno-Góngora, Leonor Samudio y Asunción Alonso.
Este proceso penal tiene su génesis con el informe de inteligencia policial relacionado con la Operación "J", que guarda relación con el colombiano Byron Fredy Rangel, presunto cabecilla de una organización criminal internacional que se dedicaba a abrir pistas clandestinas en diversos puntos de Panamá para traficar drogas.
Ese informe motiva un operativo de vigilancia y seguimiento el 21 de noviembre de 2003, que dio como resultado la aprehensión de varias personas y la incautación de una aeronave que ingresó al país de manera ilegal, en una pista clandestina en Boca Chica, Horconcito, provincia de Chiriquí, la cual al ser sometida al análisis de rigor dio como resultado positivo por la presencia de rastros de cocaína.
El abogado Carlos Herrera Morán, en su alegato de conclusión, cuestionó la justicia selectiva con que se manejó el proceso por la Fiscalía de Drogas, cuando se determinó dentro del expediente que la finca en Horconcito era propiedad de un comerciante, quien admitió que se le había vendido a Byron Rangel, por más de medio millón de dólares y tenía conocimiento de la presencia de esa avioneta en dicho lugar, pero no fue vinculado al expediente.
