En cada transición de gobierno la suerte y el padrinazgo político parecen determinar la permanencia o remoción de un funcionario al servicio del Estado, que más que servidores públicos, son tratados como fichas en un tablero de ajedrez.
La reglamentación de una nueva ley de carrera administrativa es analizada a lo interno de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional de Diputados.
Según estimaciones, unos cincuenta mil funcionarios públicos podrían ingresar al régimen especial de carrera administrativa ante que culmine el periodo presidencial del mandatario Martín Torrijos. Actualmente, ocho mil funcionarios integran la carrera administrativa.
Al respecto, la Ministra Balbina Herrera aseguró que el gobierno nacional le interesa la aprobación de una legislación que ofrezca verdadera estabilidad laboral a miles de funcionarios públicos.
Destacó que la actual administración ha sido responsable a la hora de evaluar el estatus laboral de un funcionario, situación que a tenido su contraparte por el descontento de algunos sectores internos del PRD que reclaman se les tome en cuenta para un trabajo.
Herrera manifestó que contrario a lo que esperaba la oposición, el gobierno "no llegó con la escoba a barrer" con los trabajadores del Estado.
NUEVA PROPUESTA
El debate legislativo gira en torno a la propuesta de los diputados José Luis Fábrega y Leandro Ávila, la cual intenta introducir la obligatoriedad de la indemnización del funcionario público, en caso de despido político o injustificado.
Según explicó Fábrega, el documento en análisis plantea la independencia de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) del Órgano Ejecutivo, constituyéndola en una entidad autónoma. El director de esta entidad permanecería en el cargo por espacio de 7 años.
El diputado del 8-9 indicó que la propuesta busca dar garantías de reintegro y la aplicación de los derechos colectivos de los trabajadores para sindicación, negociación y huelga.
Fábrega añadió que se está tratando de cubrir lagunas dentro de la administración pública, para perfeccionar la ley y hacerla independiente del "clientelismo político". La norma haría efectiva el pago de prima de antigüedad, entre otros beneficios laborales.
SITUACION SEGUN BID
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que durante el gobierno de la ex mandataria Mireya Moscoso la DIGECA se politizó. El informe enfatiza que de no hacerse los correctivos legales necesarios, la situación no variará en la administración Torrijos.
El documento destaca que en el reciente cambio de gobierno, una vez más se repitió un fenómeno clásico en la administración pública panameña: el despido de varios trabajadores y su reemplazo por simpatizantes o conocidos de los altos mandos.
Durante el gobierno de Mireya Moscoso se despidió aproximadamente a 25 mil empleados públicos.
GARANTIAS CUMPLIDAS A MEDIA
El informe del BID reconoce la aplicación del derecho de asociación, pero no hay garantía de estabilidad laboral para representantes sindicales, por lo que muchos han sido excluidos de la carrera administrativa.
Sostiene el estudio que mientras la DIGECA continúe siendo una dependencia del Ministerio de la Presidencia no habrá pleno cumplimiento de las garantías laborales en la aplicación de la ley de Carrera Administrativa.
Así mismo se resalta el predominio de la discrecionalidad de las autoridades para nombrar, reubicar o desvincular a los empleados del sector público.
POLITICA SOBREPUESTA AL MERITO
La norma actual de Carrera Administrativa establece el ingreso basado en el mérito, a través de un procedimiento ordinario de selección y de acreditación de empleados, sin embargo en la práctica, el ingreso a los puestos en el gobierno está determinado por cuestiones políticas
Reconoce que hay ministerios en los que se concursan algunos puestos, pero es una práctica excepcional, y no se respetan las designaciones con el cambio de gobierno.
