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Mientras que el Fiscal Séptimo de Circuito Julio César Lafaurie pedía la condena de los procesados por el hurto de dinero y bienes a Dalvis Xiomara Sánchez, el defensor Aldo Ayala denunciaba irregularidades en el caso de los "Durodólares" ocurrido el 27 de agosto de 2002.
Según el jurista que defiende al jardinero Nicolás Valdés y Rufino Villar, hay contradicción en las diferencias en cuanto a la cantidad de dinero reportado como perdido en la residencia de Dalvis Xiomara, alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia.
Un informe refleja 50 mil balboas, otro 35 mil y un tercero 28 mil balboas, lo que indica falta de seriedad según Ayala. El alegato rendido en la audiencia preliminar se transformó en un juicio abreviado realizado en el Juzgado XIV bajo la ponencia de María Luisa Vigil de Laniado.
En tanto, Rogelio Cruz, abogado acusador, calificó como un acto de hombres de bien el hecho de que Rufino Villar y Nicolás Valdés hallan admitido que cometieron el ilícito y se mostraran arrepentidos.
Sin embargo, el ex Procurador General de la Nación cuestionó al taxista Robinson Alonso Gutiérrez, otro de los sindicados. Según el letrado, en el expediente constan suficientes pruebas que asocian a ese señor con el hurto de dinero y bienes a la casa de Dalvis Xiomara Sánchez, junto a Rufino Villar, Nicolás Valdés y Gloria Edith Hernández. Esta última goza de una medida cautelar otorgada por el Ministerio Público.
Liz Karina, hija de su cliente, no estaba en la casa al momento en que esas personas entraban al lugar, pues hubiese ocurrido una tragedia. Sería un caso de delito contra la integridad física en más delito contra el patrimonio, tal como fue instruido por el Fiscal Séptimo de Circuito, Julio Laforie, señaló Cruz. |
