Gerardo Solís mintió para lograr nombramiento, Delgado

Florencio Gálvez
Crítica en Línea

El abogado y candidato a legislador Hernán Delgado presentó ayer una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, para que se declare nulo el nombramiento de un antiguo integrante de su bufete, Gerardo Felipe Solís, como fiscal electoral.

Según Delgado, en agosto de 1998 el mandatario Ernesto Pérez Balladares y el entonces ministro de Gobierno, Raúl Montenegro declararon idóneo a Solís para ser magistrado de la Corte, sin que éste cumpliera los requisitos, por no haber ejercido la abogacía como exige la ley.

La ley establece para ocupar la Fiscalía Electoral, los mismos requisitos para ser magistrado, entre ellos, haber ejercido la abogacía por 10 años.

Hernán Delgado alega que Solís fue declarado idóneo para ejercer la abogacía el 20 de marzo de 1985, pero luego estuvo fuera del país por 17 meses y desde diciembre de 1986 hasta 1990 prestó servicios en la Zona Libre como administrador III en la Zona Libre, cargo que le impedía por ley ejercer la profesión de abogado.

Sin embargo, en los créditos que presentó ante la Asamblea Legislativa para su ratificación, Solís alegó que en la Zona Libre ejerció funciones de asesor presidencial, para inducir al error de que el servicio prestado era de aquellos que no prohíben el ejercicio de la abogacía, añadió.

Para rematar, Hernán Delgado reveló que durante 1991 y 1994, Gerardo Solís estuvo vinculado a la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, sin embargo, durante ese tiempo no ejerció representación judicial ni estuvo autorizado para representarla en procesos civiles o penales.

El político explicó también que al desempeñarse como director del FES desde diciembre de 1995 y luego ministro hasta finales de 1998, le estaba prohibido desempeñar su profesión.

"No hay forma de que Gerardo Solís haya completado lícitamente" el término de 10 años de ejercicio de la profesión, tal como le exige la ley, para ocupar la Fiscalía Electoral, sostuvo Delgado.

De acuerdo a Delgado, tanto Pérez Balladares como la Asamblea Legislativa rebasaron el marco de la legalidad con el nombramiento de Solís, quien a sabiendas, los hizo incurrir en la conducta que han infringido la ley.

En la demanda, se sostiene que con el nombramiento de Solís se violaron artículos de la Ley No.9 de 18 de abril de 1984, así como los artículos 79, 472, 613 y 614 del Código Judicial.

Delgado solicitó a la Corte la suspensión provisional del fiscal electoral mientras se decide la demanda por tratarse de un funcionario que introduce un problema de inseguridad jurídica, debido a que es el responsable de cumplir tareas esenciales en la convivencia política.

 

 

 

 

 

 


 

Según Delgado, en agosto de 1998 el mandatario Ernesto Pérez Balladares y el entonces ministro de Gobierno, Raúl Montenegro declararon idóneo a Solís para ser magistrado de la Corte, sin que éste cumpliera los requisitos, por no haber ejercido la abogacía como exige la ley.

 

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