Los residentes de Divalá solicitan al mandatario Martín Torrijos intervenga ante el desalojo de las 33 familias sea suspendido por un tiempo determinado, mientras se trata de solucionar la crisis en el sector.
La orden del lanzamiento de las 33 familias que ocupan los terrenos de la finca bananera independiente Santa Ana, fue suspendido temporalmente, mientras una comisión gubernamental dialoga con la entidad bancaria que ahora es propietaria de la finca, pero el alcalde Carlos Justavino señala que nadie ha enviado ningún documento que suspenda esta medida.
La finca Santa Ana estaba en un remate que fue anunciado en su momento por un banco privado por un monto que alcanza el B/.1 millón 53 mil, es la mayor preocupación de los residentes de este lugar quienes solicitan al gobierno la intervención para el pago del pasivo laboral que la empresa aún les adeuda.
