EPASA recibe apoyo del pueblo panameño

Florencio Gálvez Flavio
Crítica en Línea

El gobierno de Ernesto Pérez Balladares ha implementado la modernización, hasta para violar la libertad de expresión. Ya no se utiliza la violencia para amedrentar a los periodistas, pero los persiguen con las denominadas denuncias de calumnia e injuria; ya no se cierran medios, pero sí se aplican multas elevadas como la impuesta por el Tribunal Electoral a El Panamá América por 10 mil dólares.

El sondeo de Crítica Libre, el 80% de los encuestados señaló estar en desacuerdo con la medida adoptada por el Tribunal Electoral, un 7% dijo estar a favor, mientras que el resto prefirió no opinar por desconocer el caso.

MANUEL FUENTES
"Depende como se hayan hecho las encuestas. Si realmente se elaboraron mal como ha estado alegando el Tribunal Electoral, se debe multar, pero si no es así, entonces estamos hablando que estamos frente a un atentado contra la libertad de expresión".

DULCINIA GIRON
"Bueno, si en el resultado de las encuestas se está hablando la verdad, no hay el motivo que se le haya puesto la multa. Pienso que se está atentando contra la libertad de expresión, porque las encuestas es la opinión de las personas y la también esta muy cara".

RAUL GRIMALDO
"Habría que estudiar si en realidad hubo o no violación a la libertad de expresión, porque hay que tener claro que el medio sabía que había una norma para publicar las encuestas y la misma debe respetarse, según mi criterio personal".

IDILIO GONZALEZ
"Sinceramente es malo lo que se está haciendo con El Panamá América y más cuando vemos la cantidad de dinero que se le está cobrando, mientras que en este país se suscitan incidentes que faltan a la ley y las autoridades no hacen nada para sancionarlos".

SALVADOR CAMAÑO
"Pero es que si las encuestas son la opinión de la gente, por qué ellos tienen la potestad de sancionar. No estoy de acuerdo con la sanción contra El Panamá América, porque ellos están recopilando la opinión del pueblo con estas encuestas".

 

 

 

 

 

 




 

El Panamá América promovió el año pasado una reforma a la legislación electoral, que imponía la obligación de someter la divulgación de encuestas a la aprobación previa del Tribunal.

 

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