Retraso en el sistema democrático,
ocasiona sanción impuesta a EPASA
Florencio Gálvez Flavio
Crítica en Línea
Diversas reacciones surgieron
por parte de varios políticos y abogados panameños, tras la
multa de diez mil balboas impuesta por el Tribunal Electoral contra Editora
Panamá América (EPASA).
A criterio de esa corporación electoral, la multa a esta empresa
periodística surge por haber publicado el 12 de marzo pasado la última
encuesta CID Gallup, sin haberse inscrito previamente ante esta institución
la correspondiente ficha técnica con la metodología de la
consulta.
La sentencia, bajo la ponencia del Magistrado Eduardo Valdés
Escoffery, advierte que bien pudo haber aplicado el castigo máximo
que consiste en el pago de una multa de aproximadamente veinticinco mil
balboas, pero "considerando que más importante que la sanción,
es la docencia y estímulo", optó por la multa citada
que tiene sin embargo un mínimo de cinco mil balboas.
El Panamá América promovió el año pasado
una reforma a la legislación electoral, que imponía la obligación
de someter la divulgación de encuestas a la aprobación previa
del Tribunal.
En vista de que el diario se negó a someterse a la exigencia
por considerar que constituía censura previa, el Tribunal Electoral
decidió limitar el control al registro de la ficha técnica
dejando para después de su publicación el envío de
la encuesta íntegra.
En la sentencia contra Editora Panamá América (EPASA),
el Tribunal negó la validez de un fax del pasado 9 de marzo, el cual
está autenticado y con sello de recibido, enviado por la Gallup conteniendo
la ficha técnica.
Por su parte, el Coronel (r) Roberto Díaz Herrera señaló,
que "ya Panamá en ese desarrollo democrático debiera
buscar formas más modernas de que se publiquen en cualquier momento
encuestas como se hacen en otros países".
Se mostró partidario de un autocontrol por parte de las empresas,
y "se pierda ya ese nivel de restringirlos desde afuera".
"Si tenemos pantalones largos para muchas cosas políticas
deberíamos tenerlos para que se publiquen encuestas con el propio
control de las empresas, con su propio prestigio o desprestigio y además
que se puedan hacer encuestas hasta el cierre de la campaña",
reveló el Coronel (r) Roberto Díaz Herrera.
Por ahora se priva al ciudadano al limitarse un par de semanas antes,
y las empresas deben responder por la credibilidad de las encuestas.
A juicio del militar retirado hay un retraso de la democracia, al considerar
injusta esa medida.
En tanto, el Doctor Joaquín Fernando Franco, Presidente del
opositor Partido Liberal, manifestó que el medio debe defenderse.
"Si ustedes no se defienden caerán en la falta de credibilidad",
y el diario debe explicar por qué no llevó a registrar esa
encuesta.
"Ustedes deben buscar una excusa para eso para decirles entonces
que esa es una multa que no debe darse", dijo Franco.
"Octavio es un tipo muy inteligente y la parte jurídica
la puede arreglar", señaló el veterano político.
Mientras tanto, el ex Procurador General de la Nación, Licenciado
Rogelio Cruz Ríos, calificó como inaudito, "insólito
la imposición de una sanción sin el derecho a ser oído
previamente".
Esta acción viola el artículo 33 de la Carta Magna, la
cual "establece que nadie sancionará sin juicio previo salvo
las autoridades públicas señaladas taxativamente" en
ese artículo.
Tratándose de una falta administrativa, lo menos que debió
hacer el Tribunal Electoral antes de imponer esta sanción fue darle
el trámite que establece el Código Electoral "para los
casos de faltas electorales pues el Código distingue entre faltas
electorales y las administrativas".
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