Los comisionados Gobierno de la Asamblea analizan el contenido del proyecto de ley, que pretende hacer de carácter obligatorio la declaración periódica de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos que ocupan altos puestos dentro de la administración gubernamental.
La semana pasada la Procuradora Ana Matilde Gómez sustentó ante el pleno de la comisión, la eliminación del requisito de la prueba sumaria y el procedimiento de la Contraloría como exigencias para la investigación del enriquecimiento ilícito.
