Los obreros del SUNTRACS y los civiles detenidos en La Joyita se encuentran en "condiciones infrahumanas", según Maribel Jaén, de la organización Justicia y Paz de la iglesia católica, quien pudo ingresar al centro penal ayer, viernes.
Jaén contó cómo los detenidos que han permanecido incomunicados por 96 horas sólo tienen un sanitario portátil, no hay agua, están desaseados, con alergias en la piel y diarrea, además de permanecer en una galera donde los reos de La Joyita reciben las visitas.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, dijo que a los 223 detenidos contabilizados por la Defensoría se les han violado los derechos humanos y legales, y dejó claro que quienes autorizaron la detención, más adelante enfrentarán graves problemas por violación a la libertad individual.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, informó que la Defensoría pudo obtener información de que a los detenidos se les tomó declaración el pasado miércoles y que iban a pasar a órdenes de las corregidurías de Calidona y Bella Vista.
"Resulta inaceptable que aún no se haya definido la condición jurídica de los detenidos", manifestó Vargas.
La dirigencia del SUNTRACS responsabilizó al alcalde de la capital, Bosco Vallarino, de la situación en que se encuentran los 223 detenidos. Solicitaron al procurador Giuseppe Bonissi abrir una investigación penal contra José Raúl Mulino, ministro de Gobierno, el alcalde Vallarino y el director de la Policía, Gustavo Pérez.
