Familiares de los fallecidos y sobrevivientes del incendio del bus 8B-06 tienen 1,151 días esperando una justicia terrenal que no llega.
La impaciencia los llevó ayer a solicitarle a monseñor José Dimas Cedeño la intervención de la Iglesia católica para que haya una definición del caso en la esfera judicial y un trato justo a quienes quedaron impedidos de trabajar.
El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Panamá será el mediador entre el Estado y los afectados. Monseñor Dimas Cedeño estará al frente de las conversaciones hasta el arribo de monseñor José Domingo Ulloa, en abril próximo.
Como primera gestión de la Iglesia católica se instalará la "mesa de conciliación" para que los reclamos de los afectados sean atendidos por el Gobierno.
De no lograrse una salida amistosa al conflicto, se podría poner en marcha una demanda de hasta $15 millones en contra del Estado. Los sobrevivientes aguardan el pronunciamiento de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
