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El jurista Darío Morrice Carrillo pidió al Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, que investigue supuestas anomalías existentes en el contrato suscrito entre la empresa Brisas de Amador y la Autoridad de la Región Interoceánica(ARI).
No descartó que existan intenciones políticas, dada la forma en que se realizó este contrato. "Considero que existen varias anomalías en dicha contratación en detrimento del Estado panameño y por ende del pueblo, las cuales merecen la atención de nuestras autoridades encargadas de velar por la justicia y la transparencia que debe existir cuando se trata de bienes pertenecientes al Estado y que fueron objeto de una lucha generacional del pueblo panameño para recuperar su patrimonio", dijo el letrado Carrillo.
Ese contrato "se verificó bajo contratación directa apoyado en un acuerdo de gabinete número 119 de 13 de junio de 1996, para omitir la licitación pública, pero tenemos que considerar que el año en que se tomó dicha determinación no existía la infraestructura realizada por el estado en la Calzada de Amador a un costo de 32, 5 millones de balboas", advirtió Carrillo.
Tampoco existía el complejo "hotelero y de restaurantes con que cuenta en la actualidad, es decir, las condiciones de 1996 son totalmente distintas a las de 2002, en consecuencia, un acuerdo de Gabinete no puede revestir el carácter de una ley general, abstracta y permanente", argumentó el abogado. |
