Unas nueve personas -entre ellas cuatro colombianos- permanecen detenidas por el tráfico de 140 kilos de cocaína dentro de una camioneta en la que se encontró la placa N.º 51 -aparentemente alterada- asignada al diputado Raúl Pineda y credenciales de este como miembro de la Asamblea Nacional.
El fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, dijo que se realizan varias diligencias para verificar la autenticidad o no de la documentación y, de relacionar a algún diputado, el expediente debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, que deberá asignar a un magistrado para actuar como fiscal.
Además, habrá que indagar a los detenidos con la cocaína para ver qué alegan.
En tanto, Raúl Pineda mostró ayer los documentos originales de su credencial como diputado de la República y la idoneidad de abogado expedida en enero del 2009. Esos documentos "están en mi oficina y no en el maletero de ningún carro", añadió.
Pineda negó que haya variado su versión de los hechos y reafirmó que "no tiene relación física, personal o telefónica con ninguno de los implicados en el decomiso.
"Si hay un mérito para que yo sea investigado, si hay unas pruebas que me vinculan, si hay algo que me implica a mí, que la Corte y la Comisión de Credenciales pida que se me investiguen, pero solo si hay esas pruebas", dijo.
Indicó que luego de conocer la noticia pidió realizar una investigación interna en su empresa, Remali, donde confirmó que uno de los detenidos era contratista de una empresa que el 22 de diciembre les instaló servicios de seguridad corporativa como reloj biométrico, tarjetas de acceso, cerraduras eléctricas y una serie de equipos electrónicos para seguridad de esta.
Mientras, el perredista Juan Carlos Navarro pidió investigar a fondo los hechos para que les caiga el peso de la ley a los culpables, pero además advirtió que no quería pensar que se trataba de un ataque político.