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Una comisión de diputados argentinos ha iniciado desde ayer el proceso que puede derivar en la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, activado a raíz del fallo del tribunal que declaró inconstitucional el "corralito" financiero.
El titular de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, el peronista Jorge Acevedo, leyó ayer un informe que resuelve la "admisibilidad formal y la apertura de la investigación", informaron medios de prensa.
Hay unos 40 pedidos de juicio político contra los magistrados, la mitad de ellos comenzados por particulares, y los diputados deberán decidir cuáles deben ser investigados y qué magistrados quedarán afectados.
El proceso de juicio político establece que la comisión de diputados actúa como fiscal y que después de una serie de acciones parlamentarias la destitución de los magistrados debe ser aprobada en última instancia por el Senado, con dos tercios de los votos. Los jueces tienen además derecho a la defensa.
Las acusaciones contra los magistrados están relacionadas con el presunto mal desempeño de las funciones en distintas causas, la comisión de distintos delitos y la falta de independencia.
El alto tribunal declaró inconstitucionales las restricciones al acceso a los ahorros (el "corralito" bancario) el viernes pasado, lo que fue calificado por el Gobierno y muchos políticos de "chantaje" de los magistrados para evitar un posible juicio, después de ser durante varias semanas blanco de protestas populares.
Después de que la Corte dio a conocer su fallo, se constituyó la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. La Corte Suprema ha sido una de las instituciones más cuestionadas del país. Los argentinos acusan a sus integrantes de defender los intereses del gobierno de turno e identifican los fallos de la Corte con la política del ex presidente Carlos Menem.
Fue el propio Menem quien durante su mandato (1989-1999) amplió de cinco a nueve el número de miembros el máximo tribunal y eligió para ocupar el cargo a algunos juristas allegados.
El gobierno ha trabajado para que se acelere el proceso de juicio contra los miembros de la Corte, y para conseguirlo a sumado la adhesión de los partidos de oposición.
Incluso el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo días atrás que el proceso tomaría unos 20 a 30 días. "No será una caza de brujas'', aclaró la diputada María América González. |
