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Las verdades y las mentiras en el caso del asesinato del cónsul Manuel José Ciérvide Lacayo, parecen que poco a poco van aflorando. Fuentes judiciales aseguran que dentro de este caso existe un complot gestado por los involucrados, que tienen un gran caudal económico y quienes además cuentan con la ayuda de un alto inspector de la PTJ, con jerarquía y poder dentro de la División de Homicidios.
El señalado inspector mantiene sospecha a lo interno de la entidad como presunto infidente de uno de los señalados en este caso: Alexander Justiniani. Según explicó la fuente, dentro de toda la investigación en la que no se ha ordenado la detención oficial de Justininani, pero se le busca afanosamente, los involucrados - incluyendo a Justiniani - conocían de antemano la actuación de la PTJ.
Según las investigaciones, el mencionado inspector es cercano familiar político de Justiniani quien es señalado como presunto autor material de homicidio, situación que él niega. Por ejemplo, explicó la fuente, al día siguiente de la primera declaración jurada del testigo clave, Daniel Julio, se ordenó un allanamiento a la residencia de Justiniani y "misteriosamente" ya no estaba cuando informes de seguimiento aseguraban que en los días anteriores no había salido de ella.
Según explicó, Julio - por sus propios medios -se presentó a la PTJ a rendir declaración jurada. "No hubo coacción y soborno", pero al enterarse que había fuga de información de alta jerarquía hacia los presuntos implicados se asustó, y le dijo al mencionado inspector que "me están traicionando".
Un día después, junto con sus abogados, Daniel Julio convocó a los medios, acusó a la PTJ de coacción y extorsión, pero la sospecha de la PTJ es que los involucrados lo coaccionaron y amenazaron de muerte. Eso no ha sido acreditado.
El caso Ciérvide se ha convertido en una telaraña. Ahora existen dudas hasta los resultados de la prueba psicológica efectuada a Daniel Julio, que asegura que es retardado mental. Por su parte, Nemesio Fajardo, abogado de Daniel Julio, pidió al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio contra la PTJ. |
