Panamá tiene medio pie fuera del PARLACEN, luego que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea aprobara anoche en primer debate el proyecto que deroga los instrumentos legales que permitieron en 1994 el ingreso al PARLACEN,
Los diputados oficialistas Francisco Alemán, Víctor Juliao, Ricardo Valencia y Raúl Hernández votaron a favor de la salida, mientras que los PRD, Juan Carlos Arosemena y Juan Martínez lo hicieron en contra.
El canciller Juan Carlos Varela presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley por el cual se derogan las leyes aprobatorias de los instrumentos� internacionales relativos al PARLACEN.
La justificación dada por Varela para el retiro se fundamenta en la denuncia del Tratado Constitutivo del PARLACEN y sus Protocolos, según lo dispone el artículo 56, inciso b de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; en el artículo 2� inciso 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en el numeral 8 del artículo 184 de la Constitución.
Agregó que el Estado panameño ha destinado cerca de $30 millones al PARLACEN y cada quinquenio aporta $8.5 millones para los gastos operativos del organismo regional y viáticos de sus miembros nacionales.
En enero próximo Panamá asumirá la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana y según Varela, es el momento para buscar alternativas eficientes, transparentes y austeras que le den a la región algún tipo de institución que reemplace al PARLACEN.
La Asamblea Nacional tendrá cinco días para discutir y aprobar lo presentado por Varela.
El vicepresidente Varela señaló que en 20 años el PARLACEN no ha emitido un solo instrumento jurídico vinculante para los Estados que lo integran.
A juicio del PRD, el mecanismo unilateral utilizado por el Gobierno viola la Constitución y tratados internacionales y podría afectar futuras negociaciones con otros países.
El diputado Dorindo Cortés afirmó que si la Asamblea aprueba la salida de Panamá del PARLACEN, la demandarán ante la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de una decisión que pone en peligro el estado de derecho del país.
Los perredistas alegan que esa propuesta retrasa la integración regional y las futuras negociaciones de tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, "ya que la misma solicita que todos los países deben estar integrados para facilitar futuros procesos de negociación".
