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La libertad de expresión es tan silenciosa como la salud; no nos damos cuenta que la tenemos hasta que la perdemos. Y perderla fue una de las experiencias más dolorosas y frustrantes de la época de la dictadura, por las consecuencias de toda índole que sufrimos posteriormente.
Con motivo de cumplirse el trigésimo quinto (35) aniversario del golpe de Estado, perpetrado por los militares el 11 de octubre de 1968, dentro del cofre de mis recuerdos, se movilizaron y exteriorizaron los largos, muy largos años de su duración.
A sólo once (11) días de haber tomado posesión, el presidente constitucional de la República, Dr. Arnulfo Arias, los militares dieron un sorpresivo golpe de Estado, llamado por las propias fuerzas castrenses como una "revolución sin dictadura". Sin embargo, inmediatamente bajo el mando del primer dictador Omar Torrijos, se abolieron el Poder Legislativo, los partidos políticos y la libertad de expresión, estableciéndose la censura y la autocrítica. El 18 de octubre de 1968 se nos reiteró, entre otras cosas, el carácter provisional de este movimiento dictatorial, y que se anunciaría nueva fecha de elecciones. Además, señalaron que la Guardia Nacional no estaría jamás ligada a ningún partido político o grupo de presión, y que se proporcionaría una reforma constitucional para que los miembros de la Guardia Nacional no tuvieran el derecho al sufragio.
También surge entre mis recuerdos, la Universidad de Panamá, que fue clausurada durante el golpe militar de 1968. Se violó de esta manera su autonomía educativa, ocasionando una grave lesión a la vida académica de dicha institución y a la instrucción de futuras generaciones. Inolvidable también es, el inicio del desintegro del Seguro Social con su millonario "Programa Colectivo de Vivienda", con escandaloso seguro otorgado a casas inexistentes; el trágico y cruel caso Giroldi; los famosos Pegazo, y un sinnúmero más de atrocidades, muy largas de enumerar.
Torrijos nombraba arbitrariamente los mandatarios de turno, a quienes el pueblo llamaba despectivamente: "presidentes de a dedo", y se había hecho redactar una Constitución Nacional, por medio de la cual se le nombraba "Jefe de Gobierno".
Citamos a continuación la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en su artículo 277: "Se reconoce como Líder Máximo de la Revolución panameña al General de Brigada Omar Torrijos Herrera, Comandante Jefe de la Guardia Nacional. En consecuencia... se le otorga, por el término de seis años, el ejercicio de las siguientes atribuciones: Coordinar toda la labor de la Administración Pública; nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado y a los Miembros de la Comisión de Legislación; nombrar al Contralor General y al Subcontralor General de la República, a los Directores Generales de entidades autónomas y semiautónomas y al Magistrado del Tribunal Electoral, que le corresponde nombrar al Ejecutivo... nombrar a los Jefes y Oficiales de la Fuerza Pública... nombrar con la aprobación del Consejo de Gabinete a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, al Procurador de la Administración y a sus respectivos suplentes; acordar la celebración de contratos, negociación de empréstitos y dirigir las relaciones exteriores".
Las violaciones a los derechos humanos durante esta época provocaron muertes; lesiones crueles tanto a mujeres como a hombres; detenciones arbitrarias sin fundamento en la Constitución y las leyes; torturas ejecutadas a los detenidos dentro de las cárceles; secuestros a personas opuestas al régimen y despojo de bienes. Fueron también muy numerosos los expatriados.
En 1983, con la sorpresiva muerte de Torrijos, hereda la dictadura el General Manuel Antonio Noriega. Este, con el total control del país en sus manos, perpetró el gran fraude durante las elecciones presidenciales y legislativas. Dichas elecciones, presionadas por los Estados Unidos después de la firma de los Tratados Torrijos-Carter y "permitidas" en 1984, fueron las primeras en 16 años, llevando a la cumbre del poder al Dr. Nicolás Ardito Barletta.
En 1984 y 1986, se hicieron públicas dos cartas que envié al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Regan. Por medio de ellas, dejaba constancia de mi rechazo y consternación por la política de duplicidad que, desde hacía varias décadas, había el gobierno de EU mantenido con relación a Panamá y América Central; específicamente predicando democracia a sus pueblos, mientras a través de su ayuda a la economía y a los militares, mantenía en el poder a gobiernos castrenses antidemocráticos.
En la carta de 1986, hacía alusión a las audiencias llevadas a cabo por el Senado y el Congreso de los EU sobre la situación en Panamá. En dichas audiencias se informaba sobre el conocimiento, que desde 1968, funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA (Central Intelligence Agency), DIA (Defense Intelligence Agency) y NSA (National Security Agency), habían tenido de la corrupción que prevalecía entre los militares que controlaban el gobierno civil y oprimían al pueblo panameño. Según las audiencias del Senado y del Congreso, este gobierno militar había estado involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, venta de armas a guerrilleros, agentes dobles de espionaje para los EU, Cuba e Israel, torturas, asesinatos y otras secuelas. El gobierno norteamericano también estaba informado sobre el fraude llevado a cabo durante las elecciones de 1984 en Panamá.
Antes y después de estas "permitidas elecciones" continuaron los abusos de la dictadura contra los derechos humanos, así como los escandalosos negociados privados, de armas, drogas y lavado de dinero.
Con los medios de comunicación controlados y sin libertad de expresión, el dictador Noriega, con arrogancia inaudita, "permitió" una vez más la celebración de unas elecciones presidenciales, las elecciones de mayo de 1989. Hago un paréntesis para citar lo que R.M. Mac-Iver señala en su obra, "El Monstruo del Estado", a propósito de la coerción de la libertad de expresión producida por la dictadura. Esta, "convierte en medios privados de propaganda, todos los medios de comunicación... Los procedimientos que históricamente han sido los más eficaces para la liberación de la mente humana, los monopoliza la dictadura a fin de esclavizar al hombre".
La asistencia a las urnas en dichas elecciones fue masiva, pese a la presencia intimidatoria de las Fuerzas de Defensa y de civiles armados en puestos de votación. Cientos de observadores internacionales avalaron el triunfo de la oposición por un margen de tres a uno, obteniendo la ADO-CIVILISTA más del 70% de los votos escrutados. Pero el nuevo fraude no se hizo esperar y los observadores internacionales certificaron públicamente su indignación y protesta por el mismo.
Después de realizados los comicios se produjeron actos de violencia que dejaron un lamentable saldo de muertos, heridos, golpeados, encarcelados y ultrajados. Cabe mencionar entre esta violencia, un cobarde atentado perpetrado en Santa Ana, contra los candidatos de la Nómina Presidencial de la Alianza Democrática de Oposición Civilista (la ADO-CIVILISTA) y sus seguidores, salvajemente maltratados y heridos con varillas de hierro por miembros de los mal llamados "Batallones de la Dignidad".
Las intimidaciones llegaron incluso hasta las puertas de los sagrados lugares de culto religioso, consignando la Conferencia Episcopal de Panamá, su más enérgica protesta por estos actos vandálicos. Asimismo, expresaron su indignación por acciones como: amenazas de posibles arrestos, templos cercados por grupos que impedían el acceso a los mismos; cancelación de programas radiales religiosos; negación de la atención espiritual a reclusos y la abrupta suspensión del servicio eléctrico y de las líneas telefónicas.
Fueron insuficientes los actos fraudulentos cometidos por fuerzas paramilitares, posteriores al cierre de las elecciones, y que tenían el firme propósito de invalidar y hacer variar los resultados finales del proceso electoral, al verse derrotada en las urnas, la dictadura anuló las elecciones mediante el Decreto N�. 58 de 10 de mayo de 1989.
Por otra parte, un ejemplo del tipo de periodismo de la dictadura a través de ERSA, se puede palpar a través de una carta enviada el 6 de octubre de 1989 al Sr. Baltazar Renán Aizpurúa, publicada en su columna de Crítica "Coliseo Político" y firmada (por diez firmas responsables) que no aparecían. Un grupo de empresarios panameños "nacionalistas" le comunicaban que habían fijado una recompensa de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil dólares), a quien o quienes ejecutasen a los siguientes, según ellos, traidores: Eric A. Delvalle, Juan B. Sosa, José Isabel Blandón, Gabriel Lewis Galindo, Alberto García de Paredes y Roberto Melanio Díaz Herrera; ya que estos panameños habían tenido la osadía de poner precio a la cabeza del General Manuel A. Noriega, con los dólares, según este grupo nacionalista, que les suministraba el gobierno de los Estados Unidos. Incluso, afirmaban que el pago de la recompensa se encontraba depositado bajo cuenta cifrada, en un Banco en Suiza. Añadían que cuando se efectuara la acción, sabrían cómo ponerse en contacto con los autores, pues sus relaciones eran internacionales.
El 20 de diciembre de 1989, la invasión del ejército norteamericano en Panamá abrió el capítulo de la liberación del país de la dictadura, encabezada en ese momento por el narcodictador Noriega, quien mantenía como rehenes a dos millones de panameños.
En cumplimiento de las órdenes impartidas por la dictadura para proteger su impunidad, se llevó a cabo una destrucción obviamente organizada y sistemática durante aquellos funestos días, por los "Batallones de la Dignidad" y los CODEPADI. Fueron sustraídos o destruidos en distintas formas, archivos de las oficinas de la Presidencia de la República, del Banco Nacional, Caja de Ahorros, Procuraduría de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Justicia, Ministerio de Gobierno y Justicia, Archivos Nacionales, Correos, Lotería Nacional, Tránsito, INAC, MIDI, Biblioteca Nacional, ERSA, entidades autónomas, servicios públicos del Estado, de electricidad y teléfonos, destruido su mobiliario y equipo rodante. Se efectuaron daños considerables en estructuras y maquinaria portuaria en Cristóbal, Balboa, Coco Solo, Bahía Las Minas, Vacamonte y Panamá. Además, después de la invasión, fueron descubiertas aproximadamente cincuenta y siete mil (57,000) armas y seiscientas (600) toneladas de municiones, las cuales estaban escondidas en oficinas públicas, hospitales del Estado, instituciones deportivas, Editora Renovación, S.A. (ERSA), residencias de servidores públicos y amigos del régimen, etc. Esto confirmaba los macabros planes de la dictadura militar de exterminar todo vestigio de oposición civilista.
Durante todo este periodo de la dictadura, quedó grabado en mi memoria para siempre, el civismo de miles y miles de panameños anónimos de todas las capas sociales, en protestas de todo tipo. Hoy, hombres y mujeres que aprovecharon indebidamente, defendieron, patrocinaron y trabajaron para la dictadura militar durante 21 años y, beneficiándose de las libertades constitucionales que la misma nunca nos permitió, pretenden darnos a través de eventos, entrevistas, conferencias, declaraciones, charlas, comentarios, etc., cátedras de moral, democracia y civismo y libertad de expresión, como si los panameños fuéramos animales domésticos, desmemoriados. Muchos como yo, no hemos creído nunca en la venganza, pero nuestros recuerdos prevalecen claros y precisos en las arcas de la memoria, impidiéndonos olvidar, para tratar de mejorar con honestidad cívica, y no con ambición personal, el futuro de nuestra querida Patria. |
