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El director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García, afirmó que el proceso para remover un "local comercial" que mantenía la señora Ulpiana Cáceres, en Villa Grecia, se inició desde 1996.
García se presentó a la redacción de Crítica con documentos para explicar que no se trataba de una casa, sino de un local comercial, que se había construido sobre la servidumbre pública.
Presentó documentos con fecha enero de 1997, donde se pedía suspender la construcción y además un fallo de septiembre del 2000, en la que el Primer Tribunal Superior de Justicia, confirmaba una resolución para remover la construcción.
El abogado García dijo que el caso llegó hasta la Defensoría del Pueblo, que archivó la queja al conocer la documentación.
Sin embargo, ayer el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, condenó enérgicamente la acción de desalojo y demolición de la "casa" de la familia Cáceres por parte de las autoridades de la Alcaldía Capitalina y exigió el resarcimiento civil y moral por los daños causados.
La familia Cáceres, acompañados de su abogado Silvio Guerra, se reunieron ayer con el Defensor del Pueblo para denunciar el hecho.
Para Tejada Espino resulta inaudito que las autoridades del Municipio Capitalino hayan ordenado el desalojo y la demolición de la residencia de la familia Cáceres, cuando aún se estaba dilucidando lo relativo al derecho de
propiedad dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.
El asesor municipal negó que los terrenos de la servidumbre formen parte del litigio promovido por Guerra, sino que son otras tierras pertenecientes a un señor Martínez.
Díaz retó a Guerra a presentar el caso ante el Ministerio Público y los tribunales, porque está seguro que será derrotado, ya que en el proceso para remover el local comercial construido sobre la servidumbre, se agotaron todos los recursos legales. |