Viernes 30 de agosto de 2002

 

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EN LA JUNTA COMUNAL DE BARRIO BALBOA
Investigan compra de ataúd y pago de salarios ilegales

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Eric Montenegro
Panamá Oeste / Crítica en Línea

La supuesta compra de un ataúd y el pago de salarios a personas que no laboraban en la Junta Comunal de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, por parte del representante Leonardo Hernández, es investigado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción y la Contraloría General de la República.

De acuerdo con Fernando Amarís, quien representa a la ex secretaria de la Junta Comunal de Barrio Balboa, Ruth De La Cruz, el proceso de investigación se encuentra bastante adelantado, una vez acudieran a declarar las partes involucradas.

Explicó que existe una declaración de la señora Melania Cedeño Almanza, quien niega haber recibido B/.300.00 del representante Leonardo Hernández, para ser utilizados en la compra de una ataúd para su padrastro, afirmando que ello se efectuó con fondos familiares.

Además de ello existe una factura por B/.240.00, precio al cual fue adquirido el féretro, en tanto que el comprobante de pago de la Junta Comunal tiene fecha tiene tres días de diferencia con la fecha en que fue sepultada la persona; siendo prueba suficiente para que se llame a indagatoria por parte de la Fiscalía Segunda Anticorrupción al edil Hernández. Sumado a ello, afirma Amarís, el Banco Nacional de Panamá (BNP) aportó

copias de los cheques con los cuales se comprueba el pago de salarios a dos personas que no laboraban en la Junta Comunal de Barrio Balboa. A su vez, la Junta Comunal de Barrio Balboa, a través de su representante legal, el edil Leonardo Hernández presentó dos contratos recientemente confeccionados, los cuales son verificados por la Contraloría General de la República.

Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción podrían extenderse hacia la funcionaria municipal que en su testimonio declaró haber elaborado los cheques y que el dinero había sido destinado para la compra de un ataúd.

Amarís expresó que la Contraloría General de La República debe rendir aún su informe sobre el manejo de los fondos en el resto de las 17 juntas comunales del distrito de La Chorrera, lo que podría motivar otras investigaciones.

 

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