El Secretario Ejecutivo de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Raúl Cortizo, advirtió ayer sobre las remotas posibilidades que el Estado gane una demanda ante una eventual modificación a ley de operación de casinos, que introduzca controles de asistencia del público apostador.
Las declaraciones de Cortizo se dieron en el marco del debate de un anteproyecto de ley que intenta establecer restricciones salariales para el ingresos de apostadores a las salas de juegos.
El funcionario manifestó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea que dicho anteproyecto intenta fijar soluciones sentimentales a un problema de ludopatía (enfermos por el juego) que entrarían en conflictos con los intereses del Estado, de registrase acciones legales de parte de los concesionarios de salas de juegos.
En el año fiscal 2005, el Estado se vio beneficiado con ingresos en concepto de impuesto por esta actividad cercanos a los B/.23 millones.
En tanto, Antonio Alfaro, de la Asociación de Administradores de Casinos, dijo estar en desacuerdo que se cambien las reglas de contratos que se realizaron a través de licitaciones públicas con parámetros previamente establecidos.
Alfaro detalló que la propuesta de ley contiene "imprecisiones" en el punto central de la iniciativa como lo es la restricción de ingreso a casinos de personas con ingresos cercanos por debajo de los B/.1, 000 mensuales.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Pedro Miguel González, inició el análisis del controversial anteproyecto de ley, donde surgieron más interrogantes que respuestas durante esta primera sesión.
González estableció un plazo de dos semanas para que el proponente del documento, diputado Jorge Hernán Rubio, regrese al país y defienda los parámetros de su polémica propuesta.