El pleno del PARLACEN podría haber violado la Constitución Nacional al haberse negado a juramentar y posesionar en el cargo a los diputados panameños electos y reconocidos por el Tribunal Electoral (TE) para desempeñar el cargo desde el pasado 1 de julio hasta el 30 de junio de 2014.
Aquello se desprende del texto de una nota enviada por el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, a la diputada presidenta del PARLACEN, Gloria Oquelí de Macotto, y en donde Pinilla le confirma que los diputados panameños electos para el periodo 2004-2009 culminaron sus funciones el pasado 30 de junio por mandato constitucional.
En su misiva, Pinilla explica claramente que "las reformas constitucionales del acto legislativo N�1 del 27 de julio de 2004, tuvieron su origen antes del 1 de septiembre de ese mismo año, fecha en que los funcionarios de elección popular, electos en los comicios del 2 de mayo de 2004, iniciaron el ejercicio de sus cargos para el periodo 2004-2009, y estos ya sabían de antemano que, por mandato constitucional, su periodo estaba previsto que concluyera el 30 de junio pasado".
Pinilla sintetiza su explicación argumentando que artículo 11 del Reglamento Interno del PARLACEN no puede estar por encima de una reforma constitucional realizada de conformidad con los procedimientos y aclara que la protección a los diputados por medio de dicho artículo 11 aplica en caso de alteraciones al orden constitucional, perturbación o actos contra la constitucionalidad del país por la vía de hecho o de facto.
La negativa de la directiva del PARLACEN de reconocer la legitimidad de los nuevos diputados electos en los comicios del 3 de mayo ha generado que técnicamente hayan dos bancadas panameñas en el organismo regional, pero quienes cobran los $4, 300 mensuales de salario son los diputados del periodo 2004-2009 que se amparan en lo decidido por el pleno del PARLACEN, en detrimento de sus sucesores panameños.
Ante la dualidad de funciones, los diputados electos el 3 de mayo pedían a la directiva del PARLACEN juramentarse y abstenerse de cobrar el salario hasta el 1 de septiembre, pero la contestación de la jefatura del parlamento fue negando la petición de los diputados legítimamente reconocidos para el periodo 2009-2014.
Oquelí de Macotto pidió el 1 de junio una opinión a Pinilla para aclarar la situación, pero a pesar de la claridad de la explicación del magistrado, el pleno del PARLACEN actuó a su discreción.
Pinilla señala en su carta enviada al PARLACEN que: "El carácter transitorio del numeral 5 del artículo 327 de la Constitución está dirigido únicamente a los funcionarios de elección popular electos para el periodo 2004-2009, cuyos periodos concluyen según se expresa, el 30 de junio de 2009. De allí que, la disminución de dos meses en el ejercicio de sus cargos, con relación al periodo anterior, que iniciaba el 1 de septiembre y finalizaba el 31 de agosto, quedará normalizado en cinco años exactos, a partir del periodo que se inicia el 1 de julio 2009 y concluye el 30 de septiembre de 2014.