Ante el ya vigente aumento de la luz, sectores empresariales, industriales y gremios de consumidores elevaron nuevamente su clamor por cambiar la ley que creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos y cambiar todo el marco jurídico que regula el mercado de la energía eléctrica, señalando que ya no aguantan más.
El Presidente de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), Pedro Acosta, sostuvo que estos aumentos se producen porque los contratos que estas empresas firmaron con el Estado les garantizaban ganancias bajo cualquier circunstancia, lo que al final perjudica a la población.
Agregó que el marco jurídico (el Decreto Ley 10 de 1998) no permite al Ente Regulador revisar las cifras contenidas en las propuestas tarifarias semestrales que las empresas eléctricas presentan, ya que cláusulas de confidencialidad las protegen.
"Estas empresas están blindadas por causa de la ley del Ente Regulador (Ley 6 de 1997) y el marco regulatorio para la prestación de servicios públicos", dijo Acosta.
Por su parte, el Presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rafael Stanziola, calificó de "nefasta" el alza de la luz, destacando que para algunas empresas el aumento de 7.87% representará hasta 80 mil balboas más de facturación anual.
Para John Bennett, Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en el alza de la luz también ha incidido la ineficiencia de muchas generadoras como Bahía Las Minas, y el costo de esa ineficiencia al final es pagado por los consumidores.
La respuesta del Comisionado Presidente del Ente Regulador, José Domingo Palermo, fue que si se hace más rígido el control estatal a las empresas eléctricas, estas podrían detener las inversiones que actualmente llevan a cabo, produciendo un futuro desabastecimiento de energía a medida que se expanda la población en el territorio nacional.