miércoles 3 de junio de 2009

 

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Asamblea de 'reculadera'

Carlos Estrada Aguilar ([email protected]) | Crítica en Línea

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González negó que el artículo buscara garantizarle seguridad por su enfrentamiento con el Gobierno de los Estados Unidos. (Foto: Archivo / EPASA )

Una vez más la presión ciudadana hizo recular a los diputados. Los ex presidentes de la Asamblea Jerry Wilson, Elías Castillo, Pedro Miguel González y Raúl Rodríguez, aún en funciones, renunciaron ayer a recibir el servicio de escolta pagado por la institución hasta el 2014, tal cual lo establece la reforma al reglamento interno del �rgano Legislativo.

La renuncia voluntaria a la prerrogativa se hará efectiva mediante una nueva reforma al reglamento interno de la Asamblea antes del 1 de julio, cuando el nuevo gobierno asumirá el control político del país.

Mientras eso pasa, los perredistas pidieron al mandatario Martín Torrijos sancionar la ley que dicta el nuevo Reglamento de la Asamblea y darle la opción de derogar el polémico artículo.

En conferencia de prensa, Raúl Rodríguez indicó que una vez sancionadas las reformas al Reglamento Interno por parte de Torrijos, se comprometían a presentar una iniciativa legislativa para que se elimine el artículo 37 relativo a la escolta y seguridad personal. Lo de ayer fue el segundo revés de los diputados en una semana, luego de intentar pasar reformas para crear nuevas perrogativas.

El diputado Pedro Miguel González reiteró que la aprobación del artículo N�37 para dar escoltas a los ex presidentes fue aprobada en consenso con diputados de gobierno y de oposición.

"La prerrogativa en nada es ilegal y menos inconstitucional, toda vez que el �rgano Legislativo tiene los mismos derechos que los de los órganos Judicial y Ejecutivo", dijo.

La renuncia se originó al escuchar el rechazo del presidente electo, Ricardo Martinelli, quien solicitó el veto presidencial para el Reglamento Interno.

González negó que el artículo buscara garantizarle seguridad por su enfrentamiento con el Gobierno de los Estados Unidos por el caso Zack Hernández, sin embargo, manifestó que el Gobierno electo de Ricardo Martinelli tiene el deber de darle protección a él y a cualquier otro ciudadano de las amenazas de un gobierno extranjero que no respeta los fallos judiciales nacionales.

 

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