ABRACADABRA
"Proyecto inconveniente"
Carlos Guevara Mann
El proyecto de Ley No. 88,
que pretende crear la Sala Quinta de Instituciones de Garantía y
de Casación Laboral, es inconveniente por los siguientes motivos:
1. Asigna a una sola sala la tramitación de asuntos que, por su
importancia, corresponden al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las
acciones legales diseñadas para proteger a la ciudadanía del
abuso de poder, como son los recursos de habeas corpus y el amparo de garantías
constitucionales, que actualmente tramitan los nueve magistrados, se dejarían
al criterio de tres jueces, nombrados por el PRD, por supuesto. Lo que es
peor, el acuerdo de dos de ellos bastaría para emitir un veredicto
final, definitivo y de obligatorio cumplimiento.
Ya lo dijo Alberto Cigarruista, legislador por Los Santos: "Esto
de que sean dos de tres magistrados los que decidan sobre los amparos de
garantías y Habeas Corpus puede prestarse incluso para la persecución
política". Y Rolando Villalaz, del Centro de Investigaciones
de Derechos Humanos, declaró: "No es saludable para el país
que una decisión sobre una detención arbitraria o garantías
fundamentales de un ciudadano quede en manos de dos personas" (El Panamá
América, 30 de mayo).
2. Asigna a una sala el ejercicio de dos jurisdicciones que, por su naturaleza
y por señalamiento constitucional, deben ejercerse separadamente:
la jurisdicción laboral y la protección de derechos individuales.
Ello, con toda seguridad, obrará en perjuicio de los intereses de
los trabajadores, cuyos casos quedarán relegados a un segundo plano
frente a los de garantías individuales, que tienen prioridad.
3. No contribuye al descongestionamiento ni a la mayor eficiencia de
la administración de justicia. El congestionamiento se da en los
tribunales y juzgados inferiores, no en la Corte Suprema de Justicia. Para
mejorar la administración de justicia, que deja mucho que desear,
son estas instancias inferiores las que hay que descongestionar y fortalecer.
4. Significa un gasto considerable para el Estado, pues sólo el
nombramiento de tres nuevos magistrados costaría, en salarios, 360
mil balboas anuales.
A ello habría que añadir los gastos de funcionamiento y
los sueldos del personal de la nueva sala. Lo que cueste la Sala Quinta
bien podría destinarse a mejorar la administración de justicia
en las instancias en que está verdaderamente congestionada.
5. Da al actual gobierno la potestad de nombrar a los tres nuevos magistrados
y, con ello, controlar la Corte Suprema de Justicia durante los próximos
cinco años. De aprobarse la ley, el ejecutivo designará como
nuevos magistrados a individuos que obedecen ciegamente al actual presidente
y la cúpula del PRD, lo cual sería sumamente dañino
para la recta administración de justicia.
Por estos motivos han expresado su desacuerdo distinguidos juristas,
como César Quintero, Humberto Ricord, los magistrados Echevers y
Molino Mola, y muchos otros profesionales del derecho.
Numerosas organizaciones también se han manifestado en contra
de la Sala Quinta, entre ellas el Colegio Nacional de Abogados, la Comisión
de Justicia y Paz, el Comité Panameño por los Derechos Humanos,
la SUNTRACS, la Asamblea de la Sociedad Civil, el Movimiento de Abogados
Gremialistas, la Defensoría del Pueblo y otros asociaciones de trabajadores,
estudiantes y educadores, además de los partidos de la Unión
por Panamá y la Juventud Arnulfista.
Estas agrupaciones han acordado presionar a los legisladores para que
suspendan la discusión del proyecto, porque la creación de
la Sala Quinta sería inconveniente y peligrosa. Usted, que lee esto,
debe apoyar las acciones de protesta.
Participe en las manifestaciones que se convoquen, informe de este asunto a
sus familiares y vecinos, y escriba o llame a su legislador(a) en la
Asamblea, para exigirle que no apoye esta medida, ya que la Sala Quinta
representa una amenaza a la libertad y el bienestar del pueblo paname�o.
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| AYER GRAFICO |
| El Dr. Arias muestra sus credenciales como Presidente electo de Panamá. |
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