Marchas, piqueteos y otras manifestaciones pacíficas, son las opciones para que los sectores afectados puedan expresar su descontento, pero afectar la producción del país, sólo trae perjuicios para todos.
La realidad es que las reformas planteadas por el gobierno no fueron tan duras como esperaba el sector empresarial y como habían recomendado consultores extranjeros y la propia Organización Internacional del Trabajo.
El ajuste a la ley del Seguro Social más que una reforma profunda, es un parche para demorar por 20 años una nueva crisis en el sistema.
El gobierno entendió que de implementar una reforma fuerte, el costo político sería peor al que deberán pagar por el proyecto que hoy se discute en la Asamblea Nacional. Quizás no olvidan lo sucedido en 1991 con sus hoy aliados de la Democracia Cristiana. Ese colectivo a través de una bancada de 28 legisladores impulsó las modificaciones a la ley de la CSS. En la siguiente elección, dicho partido logró una curul.
Los tiempos actuales son difíciles y promover una huelga nacional, en vez de ayudar empeoraría las cosas.