La disputa que ha generado el anuncio del mandatario Ricardo Martinello en flexibilizar la ley de minería para atraer la inversión extranjera en Panamá se acentúa entre las comunidades indígenas y las autoridades del Gobierno.
El dirigente de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso Ng�be Buglé, Bernardo Jiménez, señaló que la mayor preocupación surge por "la gran cantidad de inversión extranjera que existe en la región, lo que pone en riesgo la cultura de esta étnica población".
Exploraciones mineras a cielo abierto, más de 65 concesiones hidroeléctricas en diferentes áreas comarcales, aunado a las concesiones de turismo residencial, mantienen alarmados al Congreso.
Una de las explotaciones mineras a la que se oponen los ng�bes es la de Cerro Colorado, ubicada en el distrito de Mironó, que según los ambientalistas representa la segunda fuente potencial de cobre más grande del mundo.
Sobre el tema, el ministro Roberto Henríquez señaló que está dispuesto a dialogar con las comunidades indígenas.
