El pleno de la Asamblea Nacional inició, la última semana, el segundo debate del proyecto de la ley de Responsabilidad Social Fiscal, cuyo objetivo es fijar la proyección multianual en el manejo de las finanzas públicas hasta el año 2025 o periodo post ampliación del Canal.
La norma crea la obligatoriedad para el gobierno que sea electo en mayo del 2009 de presentar, los primeros seis meses de mandato, su estrategia social multianual, proyección financiera quinquenal y los criterios macroeconómicos para el manejo del gasto público e incentivo del ahorro corriente.
En síntesis, el proyecto pretende duplicar la seriedad en el manejo de los fondos del Estado. Durante los últimos seis meses de mandato de un Gobierno, no podrá comprometer más del 50% del presupuesto anual de operaciones, excluyendo los intereses de la deuda.
Igualmente, se prohíbe que en el mismo periodo las entidades públicas contraigan obligaciones que no cuenten con suficiente asignación presupuestaria y que no puedan ser pagadas durante el mismo periodo fiscal.
Las proyecciones macroeconómicas del Gobierno y los supuestos en que se basa deberán ser presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el primer cuatrimestre del año fiscal.
Esto incluye tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) medida por el índice de precios al consumidor, nivel de inflación, monto de inversiones, deuda flotante y perfil del pago de la deuda a mediano y largo plazo.
En materia de inversión pública, los proyectos trazados tendrán que contar con estudios de beneficio social si son mayores de $10 millones y de prefactibilidad en caso de montos menores.
Se oficializa la constitución de $30 millones para ejecución de los proyectos de la Concertación. En este renglón, falta por asignar $15 millones durante la actual vigencia fiscal y los restantes $10 millones se asignarán en el año 2009.
Para el periodo 2009-2014, se destinarán $350 millones anuales que aportará el Canal con el 35% de los aportes que la ACP hace a nombre del fisco. En caso de ser necesario, se pone a disposición del Estado otros $180 millones del Fondo Fiduciario.
Durante el periodo post ampliación del Canal (2014-2025), para cumplir la carta de proyectos de la Concertación, se hará uso de $10,735 millones, con asignaciones anuales que no podrán ser menores a $500 millones.