EDITORIAL
Las aberraciones del espionaje telefónico
El pueblo panameño
no disimula su malestar por las denuncias de espionaje telefónico
que, lamentablemente, se están ventilando en los medios de comunicación
social.
Es lastimoso y degradante que los panameños hayamos perdido
la privacidad por causa de este espionaje telefónico y las infidencias
que se derivan de tal actividad. Lo que más conviene en la actualidad
es que se dicte una legislación para que nadie, sin excepción
pueda interferir las conversaciones telefónicas.
El espionaje telefónico no es nuevo. En tiempo de la dictadura
castrense los legisladores Alemán Boyd y Rigoberto Paredes denunciaron
que fueron objeto de tales prácticas de parte de desconocidos. Siendo
Procurador General de la Nación, el Lic. Rogelio Cruz pasó
por varias emisoras una conversación telefónica que había
sostenido con su colega y exprocurador, Dr. Rafael Rodríguez, infidencia
de la que se hicieron eco varios medios impresos.
En el gobierno el presidente Guillermo Endara apareció en primera
plana de todos los periódicos la denuncia del mandatario, de un nuevo
espionaje telefónico, supuestamente por el entonces Ministro de Gobierno
y Justicia, Ricardo Arias Calderón. Endara se mostró airado
de que en su propio gobierno le estuvieran interviniendo sus teléfonos
privados.
Ahora está en turno el procurador José Antonio Sossa,
quien enfrenta demandas por abuso de autoridad por haber intervenido el
teléfono de un juez que no está bajo su jurisdicción,
y aparentemente, no está siendo investigado judicialmente. La última
denuncia involucra al jefe de la Policía Nacional, Lic. José
Luis Sosa, a quien se acusa del delito a que hemos hecho referencia.
Independientemente de la legitimidad de tales acciones, el espionaje
telefónico debe cesar. Es una clara violación a los derechos
humanos y los funcionarios que incurran en este delito deben ser separados
de sus cargos y sancionados ejemplarmente. Si autoridades de jerarquía
están mezcladas en estos ilícitos, el pueblo no tiene alternativa
para quejarse porque hasta los funcionarios de la administración
de justicia están involucrados de una u otra forma.
Llamamos la atención a las instancias superiores del Gobierno
Nacional que no dejen prosperar el espionaje telefónico y sus aberrantes
consecuencias. La salud moral del país está en juego y rechazamos
las leguleyadas que quieran esgrimir los que tratan de justificar una acción
ilegal que va contra los intereses del pueblo panameño.
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