La idea de utilizar parte de los fondos procedentes del Canal de Panamá para financiar obras comunitarias no es mala, sin embargo, los cuestionamientos surgen por las contrataciones directas para la ejecución de los proyectos.
Por años se cuestionó que la población no percibía los beneficios de la vía acuática. En el calor de la campaña del referéndum para la ampliación del Canal, se decidió destinar cada año la suma de 50 millones de balboas al Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC).
Las obras son sugeridas por los diferentes corregimientos. La excepción de los procesos tradicionales de contratación pública, busca agilizar la ejecución de los proyectos.
Hay una realidad, cuando se produce una licitación se logran mejores precios que cuando se hace la compra de manera directa. Si bien es cierto que el proceso es más demorado, lo más prudente es lograr el precio más económico por un buen trabajo. La cifra destinada al PRODEC no es baja. Se tratan de 200 millones de balboas, a los que se les deben dispensar un uso correcto, para que en verdad los beneficios del Canal tengan el mejor uso colectivo posible.
Los controles son necesarios. No debe haber mucha flexibilidad en el manejo de fondos públicos, para evitar posibles tentaciones. La Contraloría debe desempeñar un papel proactivo en fiscalizar esos dineros. El gobierno ha prometido no manejar políticamente esos recursos para que los beneficios lleguen también a los corregimientos controlados electoralmente por la oposición. Al mismo tiempo se anuncia que se harán concursos de precios al momento de las contrataciones. Ojala que esas promesas se cumplan y que un buen proyecto no se convierta en un futuro foco de escándalo.