El Ministerio de Gobierno y Justicia reiteró su opinión en el sentido de calificar como un "retroceso en materia penitenciaria" el establecimiento de un centro de cumplimiento insular.
Para asesoría legal del ministerio, la propuesta lleva implícita la limitación en el proceso de resocialización. La oposición surge en el marco de la discusión del anteproyecto de Ley No. 120, que adiciona artículos a la ley 55 del 1 de octubre de 2003, sobre el sistema penitenciario.
"El establecimiento de un Centro de Cumplimiento Insular implica un retroceso en materia penitenciaria, toda vez que la experiencia adquirida ante los hechos sangrientos en el antiguo Centro Penal de Coiba, en enero de 1998, cuando se decapitaron a cuatro reclusos, demuestra la complejidad de implementar un sistema de reclusión con los recursos necesarios para la rehabilitación y reinserción social, y seguros tanto para los privados de libertad como para el personal administrativo y de custodia", destaca una carta enviada a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea.
