EDITORIAL
El Tribunal Electoral pretende silenciarnos
El Tribunal Electoral surge
a la vida política e institucional panameña como el esfuerzo
de preclaros ciudadanos que vislumbraron la urgencia de acabar con el primitivismo
electoral que imponía candidaturas y decidía escrutinios en
contrapelo a la voluntad emitida por el pueblo elector.
La institución creada tuvo un eclipse durante los años
de unicracia cuartelaria cuando en sumisión y reverencia obedeció
los dictados de los mandones de foete y fusil; los personeros de aquellas
magistraturas manchadas son de ingrata recordación y censura pública.
El retorno democrático con los bombazos de la invasión
permitió reorganizar los mandos directivos del Tribunal y dictar
normativas que adelantaron los pasos electorales por derroteros de pulcritud,
honestidad y respeto popular; y así, se realizaron los comicios que
devolvieron el poder a los derrotados perredés, quienes quedaron
obligados a repetir la cívica hazaña en los comicios de 1999.
Sin embargo, aquella institución respetada está hoy repitiendo
vicios y desatinos propios del estadio oscurantista que feneció con
el sátrapa Manuel Noriega, y son múltiples las quejas que
recorren los corrillos partidarios y políticos, que puntualizan conductas
impropias de quienes gozan por mandamiento constitucional de independencia,
autonomía, soportes normativos y períodos fijos.
Al propósito indican que durante los eventos de la consulta referencial
sobre la reelección presidencial, el Magistrado que se atreve a castigar
nuestro periódico estuvo pegado al teléfono, en directa y
sostenida comunicación con el poder, obedeciendo indicaciones, demostrando
así una dependencia que ofende la verticalidad de su investidura.
En ese mismo evento, públicamente el licenciado Alvin Weeden denunció
la parcializada manera en que se integraron las representaciones del Tribunal
en las mesas y Juntas electorales de Azuero, donde los perredistas alcanzaron
grosera mayoría.
Ahora, por denuncia de oficio del cuestionado Fiscal Electoral, se impone
sanción a nuestra empresa EPASA, bajo fútiles argumentos;
razonamientos que envuelven una abierta agresión al derecho de informar
y que anteriormente pretendieron imponer draconianamente a los periódicos
hace algunos meses; medida que reconsideraron ante la decidida actitud de
lucha legal y cívica que desplegó esta empresa.
El predicado constitucional contenido en el artículo 32 de la
Carta Magna panameña es limpio, claro y preciso: ¡No existe
censura previa en Panamá! La pretensión de los Magistrados
Electorales constituye un ataque directo a esa garantía; norma que
llega al mundo jurídico sobre miles de muertes, torturas, crímenes
y represión que los autoritarios monarcas absolutistas impusieron
al vivir francés.
Similar lucha contra esta renovada Bastilla represora cumpliremos: no
permitiremos que subalternos intereses y acomodos enanos nos silencien y
aparten del camino de divulgar la verdad y los hechos, cueste lo que costare.
|
