El Ejecutivo propuso a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto para enfrentar la crisis de seguridad que hay en el país. La mayoría son medidas represivas más que preventivas del delito.
A sectores defensores de los derechos humanos les preocupa la extensión de 24 a 72 horas, el tiempo en que una persona permanezca detenida para ser investigada sin necesidad de presentarles cargos. Al mismo tiempo preocupa que los llamados informes de novedad e inteligencia policiales sirvan como base para la instrucción de un sumario.
De salida se advierte la posibilidad que extender de 24 a 72 horas el arresto para investigar a una persona sea violatoria a la Constitución Nacional.
El extender el período de investigación a un detenido refleja básicamente, que no hay mayor capacidad de inteligencia de los cuerpos de Policía ni cuentan con sistemas avanzados de filiación para conocer de manera inmediata los antecedentes de un sospechoso.
Además hay que ser cuidadosos con fundamentar una investigación sumarial en parte de novedades o informes de inteligencia. En la práctica esto se viene haciendo y la reforma propuesta sólo busca legalizar un procedimiento utilizado por los agentes del Ministerio Público. Si las autoridades manejan con profesionalidad esos instrumentos, puede ser útil para la represión del delito, lo peligroso es que se abuse y hasta sean utilizados con fines políticos o con propósito de perjudicar a un enemigo.
En cuanto a aumentar las penas contra los menores de edad que cometan homicidios existe la opinión casi generalizada que los adolescentes no pueden matar a una persona y al cabo de tres años estar de vuelta a la calle.
Sin embargo, lo fundamental para reducir la delincuencia en el país son las acciones preventivas. La ronda y patrullaje de policías en las áreas de mayor delincuencia; la respuesta rápida frente a un llamada de auxilio y el utilizar mecanismos modernos de vigilancia, son acciones más efectivas para enfrentar el delito.