La vuelta al debate sobre el establecimiento de la pena de muerte en Panamá cobró vigencia tras el llamado del presidente Ricardo Martinelli a debatir la posibilidad de aumentar las penas a los delincuentes o instaurar la pena capital para frenar la violencia, todo esto dentro de la metodología de consulta popular o plebiscitos nacionales que el Ejecutivo pretende desarrollar antes de final de año.
El último caso que se recuerda de una ejecución en Panamá fue el fusilamiento de Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903 en la Plaza de Francia. Lorenzo estuvo preso varios meses y sin juicio de por medio, la orden de ejecución llegó desde Bogotá, Colombia, bajo los cargos de robo y asesinato.
El abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerry Wilson, señaló que la pena de muerte se prohíbe expresamente por primera vez en la Constitución del 1941, mientras que las sucesivas reformas de 1946 y 1972 han mantenido esta prohibición.
Antes de 1941, al amparo de la tradición constitucional colombiana que rigieron en Panamá, se permitía la pena de muerte que fue lo que permitió la aplicación de la pena de muerte a Victoriano Lorenzo.
Los archivos legislativos dan cuenta que en el 2003, el diputado Marco González presentó un anteproyecto de ley que pretendía establecer la pena de muerte para delincuentes acusados de delitos graves.
El primer artículo proponía crear la pena de muerte para los delitos de homicidio doloso, robo a mano armada que causara lesiones personales con incapacidad física permanente, violación carnal contra menores, secuestro y terrorismo.
Dicho anteproyecto murió en su cuna y fue declarado inconstitucional y contradictorio al artículo N�30 de la Constitución que establece que "no hay pena de muerte" en el país, además de ser contrario al Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos firmado por el gobierno panameño en 1991 que rechaza totalmente la pena capital.
La intención del Ejecutivo es que mediante un plebiscito, la población vote mayoritariamente por el establecimiento de la pena de muerte y con ello apuesta a lograr un efecto psicológico de disuasión entre los criminales y sus potenciales conductas antisociales.