La muerte de dos humildes trabajadores y las heridas causadas a otros 31 pasajeros de autobuses que venían en regata, pone nuevamente de manifiesto la falta de acción de las autoridades y la complacencia hacia un sector transportista que constantemente incumple las leyes.
De seguro que ahora retornarán los operativos para verificar licencia, condiciones de los vehículos y otros requisitos que son incumplidos cotidianamente por los dueños de autobuses y palancas.
Cómo se permite que un joven de apenas 23 años esté al frente del timón de un autobús que para colmo de males conduce fuera de ruta. Una adecuada vigilancia pudo haber detectado esa falta y por ende evitar una tragedia.
Son dos familias que hay están de luto. Los asesinos del volante si acaso pagarán dos años de prisión por su irresponsabilidad. Ahora vendrán las excusas de siempre: estamos analizando las opciones para modernizar un sistema de transporte que ya ha colapsado.
Lo menos que merecen los familiares de las dos víctimas de ese accidente, es una indemnización que pueda aliviar las penurias económicas que hoy se acrecentan ante la ausencia de hombres que llevaban el sustento a sus hogares.
Al mismo tiempo, las autoridades que cumplan de una vez por todas sus funciones, porque para eso se les paga con los impuestos que aportan los contribuyentes.