El asesinato del universitario Daniel Carrizo ocurrido en medio de un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la Policía, en un asalto a su residencia, ha puesto nuevamente en el tapete el problema de la inseguridad.
El propio mandatario Ricardo Martinelli se ha declarado impotente y frustrado ante lo sucedido y clama 50 años de prisión para los responsables, que en todo caso -si la ley lo permitiera- debería ser una cadena perpetua, según exclamó el jefe del Ejecutivo.
El tema de la delincuencia es una responsabilidad colectiva que nace sobre todo en el hogar. Si hay padres que se hacen los ciegos, sordos y mudos ante las maleanterías de sus hijos, no habrá Fuerza Pública o ejército que pueda controlar eso.
Sin embargo, no se puede soslayar la responsabilidad de la Fuerza Pública que no ha podido articular un adecuado programa preventivo para frenar la ola de homicidios que se registra en el país y que las estadísticas pronostican que este año llegarán a cerca de 800 asesinatos.
Si no hay vigilancia en las calles, sobre todo en horas nocturnas, los delincuentes circulan a la libre con licencia para robar y matar. Hay también responsabilidad en los investigadores, fiscales y tribunales, que muchas veces no hacen el mejor esfuerzo para esclarecer los homicidios y llevar en corto tiempo al banquillo a los acusados por acabar con la vida de un cristiano.
El demorar un caso sólo da la percepción de que la justicia no funciona. En países como Estados Unidos, se le tiene respeto a los fiscales y jueces, porque en breve tiempo están llevando a los estrados a los acusados y rápidamente se les absuelve o condena. Panamá requiere una justicia expedita, para mandarle un mensaje claro a los criminales: el que la hace, la paga.