La seguridad nacional de Colombia ha sido puesta en riesgo con la interceptación de conversaciones telefónicas del presidente �lvaro Uribe con otros dignatarios del Estado, como el antiguo titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtieron ayer las autoridades policiales y de inteligencia.
La directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia), María del Pilar Hurtado, y el director de la Policía Nacional, el general óscar Naranjo, aludieron a la nueva escucha divulgada anoche por el informativo Noticias Uno, de la televisión privada.
La grabación se corresponde con una conversación de Uribe con el magistrado Julio César Valencia, presidente de la CSJ hasta el pasado diciembre, y que por la época de la interceptación, presumiblemente el pasado noviembre, ejercía ese cargo.
La charla, en la que Uribe y Valencia hablan de unas investigaciones y medidas de seguridad para una magistrada amenazada por desconocidos, es la segunda intervenida que es divulgada desde diciembre último, cuando el mismo medio dio a conocer una de Uribe con un antiguo fotógrafo de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).
"Es una preocupación muy grande que tenemos las autoridades", admitió la directora del DAS, quien observó que, a raíz de la primera escucha divulgada, la Casa de Nariño le pidió que ordenara una revisión a los sistemas de la sede presidencial.
La funcionaria dijo que el estudio de vulnerabilidad entregó como conclusión que "el sistema (de la Casa de Nariño) es un sistema seguro, pero que puede eventualmente volverse poroso ante decisiones de personas que intervienen en la cadena de las comunicaciones".
Esta cadena incluye las operadoras telefónicas, los titulares de las licencias oficiales de telecomunicaciones y los responsables del mantenimiento en uno y otro lado, precisó María del Pilar Hurtado.
ANTECEDENTES: INTERCEPTACIONES
La plática telefónica de Uribe y el magistrado es la segunda del presidente que se filtra a la prensa local en tiempos recientes.
En julio de 2007 al menos un general de la policía renunció a su cargo en la dirección de inteligencia (Dipol) tras comprobarse la interceptación ilegal a celulares de encarcelados jefes paramilitares.