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CIDH condena a Panam�
Eli�cer Navarro / Minerva Bethancourt
Cr�tica en L�nea
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden� al Estado paname�o por el despido de 270 funcionarios a los que acus� en diciembre de 1990, de participar en un golpe policial. Los jueces estimaron que el Estado paname�o viol� los derechos de garant�as y protecci�n judicial, el de libertad de asociaci�n, pero no el derecho de reuni�n. La CIDH conden� a Panam� al pago de los salarios ca�dos despu�s de 10 a�os y de otros derechos laborales que correspondan reconocer seg�n la legislaci�n paname�a, tal como lo solicitaban los demandantes. Esas sumas deber�n ser canceladas en un plazo de 12 meses a partir de la notificaci�n de la sentencia. Adem�s se orden� la reinstalaci�n en sus puestos de los trabajadores. ``Si esto no fuera posible, brindar alternativas de empleo que respeten las condiciones y salarios que ten�an al momento de ser despedidos'', agrega el fallo. Si el Estado no puede cumplir con esa petici�n, los jueces consideraron necesario el pago de una indemnizaci�n que corresponda a la terminaci�n de relaciones de trabajo, tal como lo establezcan las leyes internas. El Estado paname�o deber� cancelar a cada uno de los empleados la suma de 3,000 d�lares en un plazo de 90 d�as y al conjunto de ellos, el total de 120,000 d�lares por concepto de gastos y costas derivados de todo el proceso legal. Los hechos que motivaron la demanda ocurrieron entre el 4 y 5 de diciembre de 1990, d�as que coincidieron con un alzamiento policial encabezado por el hoy retirado coronel Eduardo Herrera y una ola de protestas de sindicatos estatales. En su defensa ante la CIDH, el gobierno paname�o asegur� que hubo un intento de golpe de Estado en conjunto con la conspiraci�n de los dirigentes sindicales. El gobierno paname�o expres� ayer su descontento por la decisi�n de la Corte, por estimar que ella no ha tenido en cuenta, que las medidas excepcionales adoptadas en 1990 y 1991 por el gobierno de ese entonces fueron necesarias para defender la incipiente democracia paname�a y para preservar la integridad constitucional. Sin embargo, dej� constancia que en el a�o 1990 el Estado paname�o reconoci� la competencia obligatoria de la CIDH, oblig�ndose a acatar sus decisiones, y por ende el fallo ser� acatado. No obstante, en un comunicado de la Canciller�a, se cuestiona que los jueces no otorgaron una etapa de fijaci�n del monto de las reparaciones, por lo que se presentar� una petici�n de aclaraci�n del contenido de la sentencia. Mientras, el ministro de Econom�a y Finanzas, Norberto Delgado, afirm� que no sabe de d�nde se va a sacar el dinero, porque el presupuesto para el 2001 no contemplaba esto". En tanto Alfredo Berrocal, uno de los trabajadores despedidos, dijo que el Estado tendr� que erogar eventualmente indemnizaciones millonarias por la "testarudez y tozudez de algunos pol�ticos que no quieren entender el derecho al trabajo". En tanto, el expresidente, Guillermo Endara dej� claro que no se arrepiente de la decisi�n adoptada. "Estuvieron bien despedidos" y destac� que la decisi�n de la CIDH, es un error que perjudicar� a todos los paname�os, porque los recursos para hacer efectos de esos pagos salen del Estado. Endara asever� que los trabajadores que laboraban en entidades p�blicas eran un grupo de golpistas, desde mucho antes que se registrara la invasi�n. "Busquen el rechinchal [antecedentes] y ver�n que estos se�ores participaron en los golpes con los militares", agreg�.
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