El ministro de Seguridad José Raúl Mulino dijo que cualquier caso de corrupción que se detecte en la Dirección de Finanzas de la Policía Nacional, debe ser investigado por el Ministerio Público.
Mulino reveló que ayer habló con el procurador general, José Ayú Prado, pero destacó que como primer paso, se tienen que agotar las auditorías internas y de la Contraloría.
Sólo una investigación dará a conocer si hubo o no corrupción, y si fue así deben pagar los responsables, porque no patrocinará a nadie, pero tampoco se precipitará en sancionar a priori.
El ministro subrayó además que se mantendrá el control previo en el Ministerio de Seguridad y habrá mayor vigilancia en las compras. Además anunció que el Ministerio tendrá su sede en el Fuerte Amador.
En tanto, una fuente reveló que el ex director de Finanzas de la Policía, Jorge González, se reunió con los cuatro fiscales anticorrupción, debido a que éste envió una nota a la Procuraduría pidiendo una cita advirtiendo presuntas irregularidades administrativas. González les dijo a los fiscales que no iba a denunciar nada, pues no le consta ningún acto de corrupción ni delitos. Además sostuvo que renunció y que no fue destituido.
CONTROL PREVIO
Por otro lado, Mulino dijo que prefiere que la Contraloría de la República le aplique el control previo para cuidarse las espaldas y evitar malos entendidos en el manejo de las finanzas de la institución.
Lo anterior surge en opinión a la detección de irregularidades, supuestos sobreprecios en adquisiciones de equipos y la falta de informes de cuentas en la Dirección de Finanzas de la Policía Nacional.
�Indicó que por instrucción suya y por consejo del MEF y del administrador de Panamá Compra, las compras de equipo del Ministerio se centralizaron como una forma de llevar un orden y garantizar una mayor y mejor ejecución.
Mulino señaló que era una tradición en las administraciones anteriores el relajamiento en el manejo de las compras que realizaban los estamentos de seguridad.
Señaló que desde el pasado 1 de enero se suspendieron todas las delegaciones que tenían los jefes de los estamentos de seguridad para realizar adquisiciones de bienes y servicios a través de Panamá Compra.