La mora que tiene el Estado panameño con la modernización del sistema de custodia de adolescentes y los bajos estándares a que son sometidos los menores infractores, violan lo establecido en la propia Constitución Política. Estas fueron evaluaciones de la UNICEF, que la semana pasada reveló un estudio sobre el tema, y le otorga una mala calificación al país.
El informe publicado por la UNICEF y la Defensoría del Pueblo en un monitoreo de violencia en los centros de custodia y cumplimiento de adolescentes, estableció que los actos violentos dentro de las instituciones de justicia penal para menores de edad no son denunciados y se ocultan.
En materia educativa se encontraron grandes carencias en el 2008, donde las condiciones para impartir la educación formal no son óptimas.
Desde la mirada del adolescente el acceso a la educación dentro de los centros, ha dejado de ser un derecho y se convierte en un premio para aquellos adolescentes privados de libertad que mantienen una buena conducta o que caen en gracia con las autoridades del centro, indica el monitoreo.
Como en todos los centros penales del país, la jurisdicción de adolescentes también mantiene como uno de sus principales problemas el hacinamiento donde la población sobrepasa los cien menores que están detenidos en el Centro de Cumplimiento ubicado en la ciudad capital el cual solo tiene capacidad para albergar unos 50 jóvenes.
El ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia admitió estar consciente de la situación, sin embargo, considera que es un problema de arrastre de todos los gobiernos, la situación de los penales para adolescentes. Aceptó que al tema no se le ha dado una adecuada atención.
"Son hechos reales acumulados, estamos atacando dentro de la medida de las posibilidades la reincersión e incersión de los menores a la sociedad con otro tipo de tratamiento", explicó Arcia.
El Ministerio de Gobierno y Justicia mantiene bajo su jurisdicción el Instituto de Estudios Interdisciplinario encargado de los centros penales de adolescentes para el país.
Actualmente el gobierno efectúa la construcción de un moderno Centro de Cumplimiento para adolescentes a un costo de $8 millones, el cual estará ubicado en Tocumen, como también se tiene previsto otro edificio para Colón, informó Arcia.
Sin embargo, la fiscal Primera de Adolescencia, Abril Arosemena quien tiene por ley la obligación de visitar a los adolescentes procesados en su instancia, acepta que uno de los principales problemas dentro de los penales es el hacinamiento que viven y en algunos casos la interrupción de sus estudios.
"Tienen muchos problemas el tema de hacinamiento y se presta para muchas cosas, no tienen una cama para dormir, hacen sus necesidades en la misma área donde duermen, comparten las celdas con 3 o 4 jóvenes y el tema de la intimidad desapareció", dijo.
También explicó que pese a que el Ministerio de Educación tiene maestros asignados, se están usando los mismos horarios de la escuela tradicional y por ende de enero a marzo los privados de libertad están ociosos.
Pero una situación en que Arosemena hizo énfasis, es que al momento que se dan castigos a jóvenes una de las medidas adoptadas incluye privarlos también al derecho de educarse y se interrupe su asistencia a clases.
Un total de 87 adolescentes privados de libertad cursan estudios semanales, 54 estudian diariamente.
Estas situaciones han provocado que tanto el Juez de Cumplimiento, la fiscalía y los defensores hagan llamados de atención al director del Centro de Cumplimiento. Arosemena subrayó que la mayoría de los casos de adolescentes que pasan por las fiscalías no alcanzan el quinto grado de estudios primarios. Como se ha reiterado la desintegración familiar es uno de los principales problemas que lleva a delinquir a los adolescentes.
El informe defensorial señala que es necesario que el Estado se comprometa a realizar las asignaciones presupuestarias necesarias para que los adolescentes puedan ser juzgados y defiendan sus intereses.
RECOMENDACIONES
El monitoreo efectuado por UNICEF y la Defensoría del Pueblo recomendaron establecer políticas coordinadas entre el Instituto de Estudios Interdisciplinario, Ministerio de Educación, INADEH, entre otras entidades para evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos.