El enredo jurídico que ha generado la separación de Ana Matilde Gómez como Procuradora General de la Nación, y el anuncio de dos personas diferentes en el cargo de procurador suplente, han avivado los llamados de diversos sectores en llamar a una Asamblea Constituyente.
Ni siquiera los constitucionalistas del patio parecen ponerse de acuerdo en cuál es el nombramiento de procurador suplente que es legal, si el de Luis Martínez, hecho por la Procuradora Gómez, basándose en el artículo 224 de la Constitución Nacional, o el de Giuseppe Bonissi, anunciado por el Ejecutivo, con fundamento en el artículo 200, numeral 2, de la misma Carta Magna.
Este choque de opiniones e interpretaciones, así como la crisis que se vive en el sistema de justicia, se debe -según algunos sectores- a que las leyes del país son una serie de parches colocados unos sobre otros, lo que sólo puede ser solucionado a través de lal denominada "Asamblea Constituyente Originaria".
Lo claro aquí es que el colapso del sistema jurídico y político del país es evidente, e innegable. Con cada nuevo gobierno, se reescribe el libro de la administración de justicia, y los nombramientos en el sistema judicial van encaminados a proteger a los gobernantes de turno.
Se firmó un Pacto de Estado por la Justicia, cuyos compromisos no han sido cumplidos ni en un 5%, lo que nos muestra que la clase política del país no parece tener la menor intención de equilibra la balanza de la justicia, que tarde o temprano se pone a favor de quien esté en el poder en un momento determinado.
La justicia en Panamá ya pasó el calificativo de "colapsada". Está prácticamente en ruinas, y hay que comenzar de cero.
