Un reciente informe de la UNICEF sobre la situación de nuestros adolescentes dentro del sistema penitenciario reveló que el país se encuentra por debajo de los estándares en materia de justicia penal para adolescencia.
Este estudio presentado por la Defensoría del Pueblo, llegó a la conclusión de que la condición de los adolescentes privados de libertad no es la óptima.
El país aumentó el año pasado las penas a menores delincuentes, medida que contó con el apoyo de un extenso y mayoritario sector de la ciudadanía.
Un castigo justo al delito de los menores es una cosa. La creación de condiciones para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente es otra.
Por tal motivo es que debemos tomar medidas drásticas y consensuadas para sacar del hueco a nuestro sistema educativo, en que la deserción, las malas notas y la falta de motivación tanto para estudiantes como para docentes se ha vuelto la norma.
En el mismo sentido, un país en el que el crecimiento económico no va acompañado de adecuadas políticas para que el ingreso sea distribuido más justamente, no puede esperar que un número considerable de sus jóvenes no se pierdan en el alcohol, el crimen, las drogas y una vida de potencial desperdiciado.
La tarea del gobierno y la sociedad completa no es poner más jóvenes delincuentes en centros de cumplimiento, ni dejarlos ahí por más tiempo, sino motivarlos, guiarlos y educarlos para ser ciudadanos productivos.